El gobierno tácitamente se ha unido con los grupos paramilitares que hasta amparados por la policía están disparando a matar manifestantes con armas de todo tipo.

Lo que venía ocurriendo desde hace décadas en el campo colombiano, con masacres por todo el país, perpetradas por paramilitares con el beneplácito del ejército, se ha trasladado ahora a las ciudades donde civiles armados en furgonetas blancas con placas tapadas, disparan indiscriminadamente a la gente a plena luz del día y la policía no hace nada por detenerlos ni por proteger a las víctimas.

Es hora de que el pueblo colombiano se entere de que la pandemia SOLO fue una excusa para imponer una dictadura sanitaria y que esta se ha vuelto ahora una dictadura política, donde ya no se trata de “preservar la vida” de los ciudadanos contra un virus que escasamente tenía la fuerza de una gripe, sino de exterminarlos a bala si no aceptan las medidas totalitarias de un régimen fraudulento y violento que se ha convertido en una dictadura represiva y asesina.

He ahí la hipocresía del sistema que utilizó medidas dictatoriales para pretender que los encierros, mascarillas y “distanciamiento social” era para proteger la vida de los colombianos cuando se logró exactamente lo contralor: aumentar las muertes por otras causas por falta de atención médica, destruir la economía arruinando decenas de miles de negocios pequeños y medianos y empeorar la salud de la gente con los encierros y mascarillas que acidifican la sangre al hacernos respirar nuestro propio CO2, haciéndonos más propensos a las enfermedades.

Este estado miserable de cosas quería ser rematado con una reforma tributaria que sería el golpe de gracia para la población atribulada por falta de ingresos y de atención médica.

Una vez que el pueblo se alza para protestar, no solo contra la reforma tributaria, sino contra la reforma a la salud, etc. es que se dan órdenes desde el Centro Democrático para que la “fuerza pública” use fuerza letal contra los manifestantes, lo cual es un crimen de lesa humanidad, ya que se están asesinando civiles inermes que tienen el derecho constitucional a protestar pacíficamente. Como hemos visto en múltiples videos, el gobierno ha infiltrado vándalos en las marchas para justificar el uso de una violencia desmedida contra la población civil.

Si a esto le sumamos, como en Cali, las declaraciones de los grupos paramilitares que prometen matar a cualquier manifestante que encuentren por la calle, sobre las que el gobierno no actúa ni desautoriza, nos vemos a las puertas de una gran masacre que de hecho ya está sucediendo, como en Cali, con violación de los Derechos Humanos, violación de mujeres por parte de la policía, secuestros, torturas y desapariciones. De estos hechos no se han escapado ni siquiera los defensores de los Derechos Humanos, según reporta el diario El Tiempo:
“En un comunicado en su cuenta de Twitter, la comisionadaJuliette de Riveroacusó  a la Policía de disparar contra miembros de la comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero aclaró que nadie había resultado herido”.

No en vano el gobierno de Duque ha sido acusado por el senador Cepeda ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, de los cuales hay pruebas grabadas por toda Colombia, donde se ve a los policías disparando directamente a los manifestantes, ya sea con balas o gases lacrimógenos, ambas cosas prohibidas por convenios internacionales firmados por Colombia, acusaciones a las que el Estado debe responder castigando a los perpetradores de estos crímenes, del presidente Duque para abajo, quienes han ignorado la Constitución colombiana y los tratados internacionales y están operando como un gran escuadrón de la muerte, sembrando el terror y la muerte entre quienes están practicando su derecho legítimo a protestar y a movilizarse a favor de sus intereses y a pedir cambios, reformas o suspensiones de leyes que les sean desfavorables y que pongan en peligro su propia subsistencia.